La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de las universidades públicas y le exigió al Gobierno nacional que cumpla de inmediato con la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado.
La resolución representa un revés judicial para la administración de Javier Milei y vuelve a poner en primer plano el conflicto por el presupuesto universitario, los salarios docentes y el financiamiento del sistema público de educación superior.
Qué ordenó la Justicia
El fallo ratificó una medida cautelar y rechazó la apelación presentada por el Gobierno.
En concreto, exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen:
- la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios
- la recomposición de los programas de becas estudiantiles
- y la adecuación de partidas vinculadas al sostenimiento del sistema universitario
Qué período abarca
La decisión judicial alcanza la actualización de haberes y recursos en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en septiembre de 2025.
Qué dijo la Cámara
En sus fundamentos, los jueces consideraron que los argumentos del Gobierno para frenar la medida no resultaron convincentes.
Además, remarcaron que el eventual impacto fiscal de la aplicación de la cautelar no afecta de manera sustancial el interés público, mientras que sí está en juego un derecho de jerarquía constitucional como es el acceso a la educación superior pública.
El origen del conflicto
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras entidades del sistema universitario.
La presentación había contado con el respaldo de más de 40 universidades públicas de todo el país.
El decreto cuestionado
Uno de los ejes del planteo judicial fue el Decreto 759/2025, a través del cual el Gobierno había suspendido la ejecución de la ley y condicionado su aplicación a la existencia de recursos específicos.
Ese punto fue especialmente objetado por la Justicia, que entendió que la norma votada por el Congreso sigue vigente y, por lo tanto, debe ser cumplida.
Un nuevo revés para la Casa Rosada
La decisión judicial reabre un frente sensible para el Gobierno, que ya venía enfrentando reclamos de docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias por la situación presupuestaria.
El fallo, aunque todavía puede generar nuevas instancias de disputa, representa un respaldo fuerte al sistema universitario público y a los reclamos por financiamiento, salarios y becas.
