El transporte público en el interior bonaerense atraviesa una etapa crítica. En Pergamino, la empresa concesionaria La Nueva Perla reporta una caída del 30% en la cantidad de pasajeros en comparación con los niveles previos a la pandemia. El fenómeno no es aislado y se replica en otras ciudades de la región, como Junín, donde también se evidencian cambios drásticos en los hábitos de movilidad urbana.
«La situación es preocupante. No hemos podido recuperar el nivel de pasajeros de antes de 2021», reconoció Alfredo González, representante de la empresa. Según explicó, el impacto se siente tanto en el uso diario del servicio como en la sostenibilidad económica de la compañía. «Estamos evaluando ajustes en los horarios y recorridos para mantener el servicio activo, pero cada decisión implica un delicado equilibrio», agregó.
¿Qué está cambiando?
Los motivos detrás del descenso son múltiples. Por un lado, el incremento sostenido del boleto, que hoy ronda los $1500 en algunas zonas, ha generado que muchos vecinos opten por alternativas más económicas, como bicicletas y motos. El auge del transporte individual se potencia con las condiciones particulares de ciudades medianas, donde las distancias son relativamente cortas y permiten desplazarse sin depender del colectivo.
Además, la falta de infraestructura moderna y conectividad tecnológica también juega en contra. Aunque se analizan medidas como la implementación del pago con código QR y la renovación del sistema de boletos, estos avances aún no se han materializado.
Un desafío para las políticas públicas
El caso de Pergamino refleja una problemática más amplia: el transporte público en el interior del país está en retroceso, sin subsidios suficientes ni políticas integrales que lo fortalezcan. Mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentra gran parte de la inversión y los beneficios tarifarios, ciudades del interior enfrentan una brecha cada vez mayor.
Expertos advierten que, sin una intervención decidida desde los distintos niveles del Estado, el transporte público corre el riesgo de volverse inviable fuera de las grandes urbes. La situación actual exige una revalorización del servicio como un derecho básico y una herramienta clave para el desarrollo urbano sostenible.
