Avanza la presión legislativa para prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses
La preocupación por la continuidad de delitos virtuales que, según las investigaciones, son planificados desde el interior de los establecimientos penitenciarios volvió a poner en el centro del debate la regulación del uso de teléfonos celulares por parte de los internos.
Distintas fuerzas políticas de la Legislatura bonaerense impulsan proyectos de ley que buscan prohibir de manera definitiva el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia, con el objetivo de dejar atrás el protocolo excepcional que permitió la utilización de estos dispositivos durante la pandemia de COVID-19.
Las iniciativas en análisis plantean modificaciones a la Ley N° 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense. Entre ellas se encuentra un proyecto presentado por el bloque HECHOS, que propone una prohibición total de cualquier dispositivo con conectividad individual dentro de los establecimientos penitenciarios.
También avanza la denominada “Ley Rodrigo”, impulsada por La Libertad Avanza y respaldada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El proyecto fue elaborado por el diputado Oscar Liberman en homenaje a Rodrigo Gómez, un soldado destinado en la Quinta de Olivos cuya muerte estuvo vinculada, según se indicó, a una extorsión originada en el Penal de Magdalena.
Por otra parte, el senador provincial y presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, junto al senador Alex Campbell, presentó otra iniciativa que busca eliminar los teléfonos inteligentes de las celdas.
La propuesta plantea reemplazar el actual esquema de comunicación móvil por centros de comunicación estatales dentro de las unidades penitenciarias, mediante teléfonos fijos o terminales digitales cerradas que no tengan acceso a internet.
El debate legislativo se da en medio de la preocupación por el uso de celulares en las cárceles para la comisión de distintos delitos y plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre el control de las comunicaciones de los internos y el acceso a mecanismos de contacto con sus familiares.
