Buscan prohibir los celulares en cárceles bonaerenses para evitar delitos
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires propone prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles para evitar que desde los penales se cometan delitos como estafas y extorsiones telefónicas.
La iniciativa fue impulsada por el diputado de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, y cuenta con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El legislador aseguró que actualmente las unidades penitenciarias “funcionan como un call center del delito”.
El proyecto fue denominado “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Presidencial de Olivos y se quitó la vida luego de haber sido víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel.
Fin del protocolo vigente desde la pandemia
La propuesta plantea dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20 durante la pandemia de COVID-19, cuando se permitió a los internos utilizar celulares para facilitar la comunicación con familiares ante las restricciones sanitarias.
Además, propone modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, estableciendo que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad se realicen únicamente mediante teléfonos fijos o dispositivos controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Restricciones e inhibidores de señal
El proyecto también establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, en espacios y horarios habilitados. Los dispositivos serán administrados por el personal penitenciario y retirados una vez finalizada la comunicación.
Otro punto central es la instalación obligatoria de inhibidores de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas con el exterior.
Controles y procedimiento
La iniciativa también prevé reforzar los controles dentro de los penales, con requisas diarias para evitar el ingreso o la permanencia ilegal de teléfonos.
En caso de aprobarse la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos, quienes dispondrán de 24 horas para entregar voluntariamente los celulares que tengan en su poder.
Una vez cumplido ese plazo, se realizarán requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los dispositivos y sancionar a quienes incumplan la normativa.
