California ha implementado nuevas medidas para resguardar la identidad y los domicilios de las personas que brindan asistencia a migrantes. La Ley de la Asamblea 2624, respaldada por la legisladora Mia Bonta y promulgada por el gobernador Gavin Newsom, busca mitigar los riesgos asociados con la difusión de datos personales en internet.
Detalles de la Nueva Legislación
La legislación abarca a aquellos que ofrecen asesoramiento jurídico, colaboran en organizaciones de ayuda a inmigrantes o reciben orientación en estas instituciones. Esta iniciativa responde a un aumento en situaciones de hostigamiento, amenazas y la publicación de información privada, una práctica conocida como «doxxing».
Implementación del Programa «Safe at Home»
El mecanismo principal será la incorporación de estas personas al programa estatal “Safe at Home”. A través de este sistema, quienes cumplan los requisitos podrán utilizar una dirección alternativa para ciertos registros oficiales, evitando así la exposición de sus domicilios reales en documentos públicos. La Secretaría de Estado de California será responsable de administrar el programa y recibir solicitudes, que comenzarán a aceptarse el 1° de octubre de 2027.
Alcance de la Protección
Una vez aprobada la participación en el programa, las agencias estatales y locales deberán utilizar la dirección alternativa en los registros correspondientes. La protección se extiende a datos relacionados con escuelas y lugares de trabajo, limitando así la posibilidad de localizar a las personas protegidas a través de registros públicos.
Inclusión de Organizaciones y Servicios
La AB 2624 incluye diversas organizaciones que ofrecen orientación o asistencia a inmigrantes, como organizaciones sin fines de lucro, clínicas jurídicas comunitarias, estudios de abogados y centros de salud. Los servicios abarcan representación legal, asesoramiento, gestión de casos, entre otros.
Consecuencias por Divulgación de Información Privada
La nueva normativa prohíbe la publicación o distribución de datos personales con la intención de intimidar a las personas protegidas. Las infracciones pueden acarrear multas de hasta US$10.000 y penas de hasta un año de cárcel. En casos donde la divulgación cause lesiones corporales, las sanciones pueden ser aún más severas.
Vías de Reparación para Víctimas
Además de las sanciones penales, la legislación establece vías de reparación ante tribunales civiles. Las víctimas y las organizaciones que las representen pueden presentar demandas para reclamar compensación por daños ocasionados por la divulgación ilegal de información. Los tribunales podrán otorgar indemnizaciones de hasta tres veces el monto de los daños reales, con un mínimo de US$4000.
Fuente: La Nación
