La Comisión de Legislación Social y Salud de la Cámara de Diputados de La Pampa ha emitido un dictamen unánime para crear una comisión investigadora que analizará el desempeño de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta decisión se produce en el contexto de un incidente ocurrido en Rancul, donde un bebé fue separado de la familia de contención que lo cuidaba de manera transitoria.
El dictamen, que fue aprobado el 14 de septiembre, establece que la comisión estará compuesta por cuatro legisladoras, una de cada bloque: Silvia Larreta (FreJuPa), Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID).
La creación de esta comisión surge como respuesta institucional a un reclamo que había sido expresado previamente a través de un acampe y por medio de presentaciones realizadas por la familia afectada ante las autoridades provinciales. El conflicto se intensificó después de que el bebé, que había estado bajo el cuidado de Ana Laura Pizzani y Joaquín Díaz, fuera entregado a una familia adoptiva seleccionada por la Justicia el 7 de septiembre.
La pareja que cuidaba al bebé ha criticado la manera en que se llevó a cabo el operativo, denunciando que no se les permitió despedirse. Ante esta situación, instalaron una protesta frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura. El Gobierno provincial defendió el procedimiento, afirmando que se actuó conforme a una orden judicial y que se buscó la opción menos violenta.
El dictamen del 14 de septiembre marca un cambio en la naturaleza del debate, ya que ahora la cuestión no solo involucra una acusación de una familia, sino también una revisión formal por parte de la comisión legislativa del accionar del área ejecutiva. Esta iniciativa pone en el centro de la investigación a la Subsecretaría dirigida por Juan Pablo Bonino y a la Dirección General encabezada por Rodrigo Lofvall.
Durante el debate, Larreta, una de las legisladoras involucradas, expresó su preocupación sobre la gestión del funcionario, afirmando que «cuando el funcionario no funciona, a veces también hay que tomar decisiones». Este pronunciamiento agregó presión sobre la administración de Sergio Ziliotto, señalando que el cuestionamiento ya no proviene únicamente de la oposición.
La nueva comisión se encargará de evaluar el cumplimiento de la orden judicial, las decisiones administrativas, la comunicación con la familia de contención y la intervención de los funcionarios involucrados. La existencia de control judicial sobre la medida de protección no exime al organismo provincial de documentar adecuadamente sus actuaciones.
Fuente: NA
