La Cámara Federal de Casación Penal enfrenta un nuevo obstáculo en la causa $LIBRA debido a las recusaciones presentadas contra dos de sus jueces, lo que pone en suspenso el retorno de las víctimas al proceso como querellantes.
Los escritos, presentados en días recientes, cuestionan la imparcialidad de la jueza Ángela Ledesma y del juez Guillermo Yacobucci, los cuales son parte de la Sala II que actualmente analiza la reincorporación de los damnificados en este caso de criptoestafa.
Un planteo realizado por Mauricio Novelli, uno de los imputados sobreseídos, busca apartar a Ledesma por su supuesta cercanía con organizaciones judiciales que han intentado intervenir en la causa. Esto genera incertidumbre sobre la conformación de la sala.
Además, Juan Patricio Marchetto, uno de los afectados por la presunta estafa, también ha solicitado la recusación de Yacobucci, argumentando que su hijo ocupa un cargo en el Ministerio de Justicia de la Nación, lo que podría influir en la imparcialidad del juez.
Cuestionamientos a la imparcialidad de los jueces
Las dudas sobre la imparcialidad de Ledesma y Yacobucci se intensificaron tras un fallo del 4 de noviembre, donde Ledesma votó a favor de habilitar las quejas de los damnificados, mientras que Yacobucci se opuso. La defensa de Novelli argumenta que el vínculo de Ledesma con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) es motivo suficiente para cuestionar su objetividad.
Ambas instituciones habían intentado constituirse como querellantes en el caso y habían manifestado públicamente su desacuerdo con decisiones que excluyeron a los damnificados.
Implicaciones del cargo del hijo de Yacobucci
El planteo de Marchetto se basa en la reciente designación de Ignacio Martín Yacobucci, hijo del juez, al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Este programa, que depende directamente del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está vinculado a uno de los aspectos centrales de la investigación de la criptoestafa, lo que podría generar un conflicto de intereses.
Las defensas de ambos acusados esperan una pronta resolución respecto a la situación de los jueces, que podría influir significativamente en el futuro de la causa y el retorno de las víctimas como querellantes.
Fuente: NA












