La diputada nacional Marcela Pagano ha presentado dos denuncias que solicitan la investigación de la organización de los eventos relacionados con la visita del Papa León XIV a Argentina, en medio de controversias surgidas por la existencia de un sector VIP durante la misa.
En estos escritos, de los cuales se obtuvo acceso a su contenido, Pagano señala la posible comisión de delitos de abuso de autoridad por parte de funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Este sector VIP, que fue parte de la misa celebrada el 9 de noviembre en Palermo, fue diseñado para albergar a cerca de 4.000 invitados, incluyendo a figuras destacadas del espectáculo y la política.
La denuncia se centra en la contratación de la productora DF Entertainment S.A. por un monto de $8.690.000.000, que se encargó de ofrecer servicios como carpas, catering y acomodadores para el evento. Pagano argumenta que el VIP benefició a individuos que no ocupaban funciones públicas o que no formaban parte de comitivas oficiales.
Además, la diputada ha solicitado que se investigue la posible malversación de fondos, peculado y administración fraudulenta en relación a la gestión pública. En su denuncia, menciona que no se está imputando a las personas que fueron invitadas al evento, tales como Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza y Claudia Villafañe, a quienes propone como testigos.
Por otro lado, Pagano también ha expresado preocupaciones sobre la forma en que se llevó a cabo la contratación de DF Entertainment para organizar la misa y la vigilia posterior, indicando que dicha contratación fue realizada de manera directa debido a una supuesta urgencia. La diputada cuestiona la naturaleza de esta urgencia, sugiriendo que podría haber sido provocada por la inacción de los funcionarios encargados de gestionar la licitación.
Adicionalmente, ha señalado la necesidad de investigar la contratación de empresas de seguridad y limpieza vinculadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para determinar si estas adjudicaciones fueron influenciadas por funcionarios públicos.
Las denuncias han sido asignadas al Juzgado Federal N°5, bajo la dirección de la jueza María Eugenia Capuchetti, y a la Juzgado Federal N°7, que está a cargo del juez Sebastián Casanello.
Fuente: NA
