Una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína líquida ha avanzado hacia el juicio, tras el cierre de la etapa de instrucción de la causa, gracias al trabajo de la fiscal federal de Morón, Mariela Labozzetta. Se ha solicitado la elevación del expediente a debate oral para determinar las responsabilidades de seis individuos imputados en el caso.
La banda operaba en la localidad de Ramos Mejía, donde reclutaba “mulas”, acopiaba cocaína y la transformaba en estado líquido para rellenar botellas de vino, con el fin de transportar la sustancia hacia el sur del país. Además, se ha establecido que este grupo priorizaba el tráfico de cocaína líquida y, en ocasiones, utilizaba el mismo sistema logístico para enviar metanfetaminas.
La investigación se inició a raíz de un control realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Ushuaia en 2024. Desde entonces, se han acumulado evidencias que llevaron a las imputaciones y a la solicitación de juicio. El requerimiento de elevación a juicio detalla que la organización operó desde abril de 2022 hasta septiembre de 2024, involucrándose en diversas actividades delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, así como amenazas, uso de documentación falsa, compraventa de autos robados, trata de personas y lavado de activos.
El líder de la red identificada es un ciudadano colombiano que se encuentra prófugo. La fiscal Labozzetta ha solicitado que se continúe con la investigación, ya que se sospecha de la posible complicidad de miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales. Los investigadores han determinado que la droga era adquirida en Bolivia y que se contaba con un laboratorio clandestino en Ramos Mejía para modificar el estado de la sustancia.
Los envíos de cocaína líquida eran transportados por mujeres que cayeron en la red delictiva, quienes eran seleccionadas por su situación económica precaria. Estos “correos humanos” son considerados víctimas de trata de personas, ya que la organización se aprovechaba de sus condiciones socioeconómicas para utilizarlas en el tráfico de drogas.
La fiscalía ha señalado que los seis imputados también se encargaban de almacenar y preparar estupefacientes, reflejando así una estructura organizada propia de una empresa narcocriminal. Asimismo, algunos de los acusados enfrentan cargos por trata de personas, agravados por la vulnerabilidad de las víctimas y la participación de múltiples individuos en los delitos.
El proceso judicial ha puesto de manifiesto la complejidad y organización de la banda, que no solo se limitó al tráfico de drogas, sino que también estuvo involucrada en actividades ilegales que facilitaban su operación. Entre estas, se incluye el uso de documentación ajena y la obtención de información de funcionarios, lo que evidencia un grado de sofisticación en sus actividades delictivas.
La investigación conjunta de distintas fiscalías ha permitido desentrañar el funcionamiento de esta red delictiva. La fiscal Labozzetta ha destacado la importancia de evaluar las condiciones de vulnerabilidad que facilitaron la captación de las víctimas, subrayando que la perspectiva de género es fundamental para entender la dinámica de la organización.
Fuente: La Nación
