El gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas
En el marco de una auditoría integral de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno detectó una grave irregularidad: 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como activos pese a estar fallecidos. El hallazgo surgió tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La situación generó alarma en la Casa Rosada, donde ya se evalúa avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes habrían percibido beneficios de manera irregular como contra los prestadores involucrados. La detección se dio en el contexto del proceso de reordenamiento del organismo, que fue intervenido luego del escándalo que derivó en la salida de su extitular, Diego Spagnuolo.
La auditoría avanzó pese a que Spagnuolo presentó recientemente en la Justicia un informe pericial en el que sostiene que los audios que lo involucran en un presunto circuito de cobro de coimas fueron manipulados con inteligencia artificial. Sin embargo, el relevamiento comenzó a exponer inconsistencias estructurales dentro de la agencia.
El actual interventor, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud Mario Lugones, fue quien ordenó el cruce de bases de datos y autorizó la baja inmediata de los certificados detectados. Según fuentes oficiales, el próximo paso será contrastar los datos de las personas fallecidas con los prestadores que declararon haber brindado servicios.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona y permite acceder a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios. Si bien no tiene vencimiento fijo, requiere actualizaciones periódicas que actualmente se encuentran prorrogadas.
Este hallazgo se suma a otras irregularidades que motivaron el inicio de la auditoría integral el pasado 28 de agosto, la cual incluyó también la revisión de contratos. Los resultados finales del proceso aún no fueron cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026.
