El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de las irregularidades detectadas en el área y del fuerte impacto político y social que generó el caso. Según se informó, todas las funciones del organismo pasarán a depender del Ministerio de Salud de la Nación.
Desde el Ejecutivo aseguraron que la medida no implicará recortes en las pensiones ni en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. “No se van a interrumpir derechos ni beneficios”, señalaron fuentes oficiales, al tiempo que remarcaron que el objetivo es “ordenar el sistema, transparentar los procesos y mejorar los controles”.
La decisión se enmarca en una reestructuración del Estado que el Gobierno viene impulsando en distintos organismos, con el argumento de reducir irregularidades administrativas y optimizar el uso de los recursos públicos. En el caso de la ANDIS, las denuncias y cuestionamientos aceleraron una definición que ya estaba en análisis.
Las áreas técnicas vinculadas a pensiones no contributivas, certificaciones y programas de asistencia continuarán funcionando bajo la órbita de Salud, que deberá garantizar la continuidad operativa y la atención a los beneficiarios.
Organizaciones y referentes del sector de la discapacidad siguen de cerca la implementación de la medida y reclaman que el traspaso no afecte el acceso a derechos ni demore trámites esenciales. El Gobierno, en tanto, insistió en que la disolución del organismo no significa un retroceso, sino “un cambio de esquema para mejorar la gestión”.
