El debate en el Congreso sobre la emergencia en discapacidad se intensifica tras la presentación del nuevo proyecto de Presupuesto por parte del Gobierno. A pesar de las promesas de un plan «superador» que contemplaría las demandas de los aliados, el envío del presupuesto a la Cámara de Diputados ha generado una ola de críticas y tensiones.
Uno de los puntos más controversiales es la propuesta de eliminación del artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora garantizaba la actualización automática y mensual de los pagos a los prestadores de servicios según el índice de precios al consumidor (IPC). Esta modificación ha sido catalogada como una «estocada final» por parte de los representantes del sector.
Además, el Poder Ejecutivo ha indicado que el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, permitiendo que cada obra social o prepaga establezca sus propios valores. Esta decisión ha sorprendido a los aliados de Pro y la UCR, quienes consideran que podría tener un alto costo político.
El proyecto de presupuesto también propone cambios significativos en el sistema de pensiones por invalidez, lo que podría afectar a aquellos que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Quienes estén empleados podrían perder cualquier tipo de compensación, lo cual ha generado preocupación en el sector.
La incertidumbre sobre la continuidad de la emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre, está en el centro de atención. Los bloques de oposición han expresado su preocupación sobre si las medidas actuales seguirán vigentes o requerirán una nueva normativa. Las alertas también se encienden ante la posible falta de actualización del nomenclador, lo que podría dejar a los prestadores en una situación vulnerable.
En una reunión reciente entre los bloques de LLA y Pro, se discutió la posibilidad de encontrar soluciones a estos conflictos. Algunos miembros de la oposición han manifestado que la situación es «solucionable», mientras que otros consideran que los cambios propuestos en el presupuesto no son suficientes para satisfacer las necesidades del sector.
Con la fecha límite de dictamen acercándose, los prestadores de servicios están a la espera de la comisión informativa, donde se prevé que representantes de las principales asociaciones del sector expongan la situación crítica que enfrentan, agravada por el incumplimiento de pagos que supera los $340.000 millones.
Desde el oficialismo, se han tomado medidas para atender las demandas de los aliados, pero el tiempo corre y el diálogo sigue siendo crucial para evitar un impacto negativo en la implementación de la ley de emergencia en discapacidad.
Fuente: La Nación
