El Senado argentino se prepara para una sesión crucial en la que se discutirá la sanción definitiva del proyecto de ley de Discapacidad. Este proyecto cuenta con el respaldo de todos los sectores políticos, dado que aborda los puntos fundamentales de la emergencia que vence en diciembre.
Patricia Bullrich, presidenta del bloque de la Libertad Avanza, lidera la iniciativa para convertir en ley el proyecto, que recibió dictamen de comisión con el apoyo de aliados y del bloque peronista. La materia se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria programada para el miércoles a las 15 horas.
Además del proyecto de Discapacidad, se contempla la ratificación del Tratado en Cooperación en Materia de Patentes y la ley Joaquín, ambas aprobadas por la Cámara de Diputados. Previo a esta reunión, se llevará a cabo una mesa política para consensuar la agenda que el oficialismo impulsará en las últimas semanas del periodo ordinario.
Uno de los temas destacados en la agenda es la discusión del proyecto de reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones primarias (PASO), programada para el martes. Se espera que la comisión de Presupuesto firme el dictamen para su debate en la sesión del 25 de noviembre.
Bullrich expresó la urgencia de avanzar con la ley de discapacidad, a pesar de las preferencias del Gobierno por demorar su aprobación. La legisladora subrayó la importancia de esta ley, necesaria para resolver un problema que ha estado en disputa durante años.
El proyecto conocido como “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” busca convertir disposiciones temporales en una normativa permanente. Entre sus puntos clave, se mantiene la compatibilidad entre pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal, además de asegurar la cobertura médica para quienes reciben estas pensiones.
En términos de financiamiento, se establece que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá ser inferior al del ejercicio fiscal anterior. También se crea un sistema de auditorías periódicas que garantizará la transparencia en el manejo de la información relacionada con los beneficiarios.
Por último, se incorpora una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de compensaciones adeudadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
Fuente: NA
