El uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios ha sido un tema recurrente en los debates sobre la seguridad y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Cuando un delito es perpetrado desde una cárcel, el celular suele ser señalado como el problema principal, llevando a la propuesta de su bloqueo como solución. Sin embargo, surge una cuestión más profunda: ¿cuáles son las implicancias de despojar a estas personas de un medio de comunicación que les permite conectarse con sus familias, acceder a educación y mantener vínculos con el mundo exterior?
La reciente Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad establece un “Programa para la detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios”, con el objetivo de prevenir el uso de tecnologías de telecomunicaciones por parte de organizaciones criminales. Esta medida se propone extender a las provincias una estrategia ya utilizada en cárceles federales, buscando desarticular actividades ilícitas que se planifican desde el interior.
Sin embargo, de acuerdo con la experiencia del Semillero de Investigación El Caleidoscopio, el celular no es únicamente un dispositivo de comunicación, sino también una herramienta crucial para el bienestar emocional y social de los internos. Durante la pandemia, cuando las visitas fueron restringidas, los teléfonos permitieron a los reclusos mantener el contacto con sus seres queridos, lo que es fundamental para su posterior reintegración a la sociedad.
El uso de celulares puede, paradójicamente, contribuir a reducir tensiones dentro de las unidades penitenciarias. La falta de comunicación puede aumentar los conflictos, mientras que el acceso a dispositivos móviles puede ayudar a mitigar la violencia y fomentar un entorno más estable. La comunicación con defensores oficiales también se ha mostrado beneficiosa, reduciendo la violencia y mejorando la situación de personas con problemas de salud mental.
El Estado ya ha implementado medidas diferenciadas para aquellos que representan un mayor riesgo, como lo establece el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar). Esta política reconoce que no todos los internos son iguales y que se pueden establecer controles específicos según el perfil de riesgo.
Una política adecuada de uso de celulares podría incluir la autorización y registro de dispositivos, estableciendo protocolos de identificación y trazabilidad que faciliten el control sin perjudicar a quienes los utilizan legítimamente. La investigación de comunicaciones, mediante el análisis de datos como números de teléfono y registros de llamadas, puede ayudar a distinguir entre el uso delictivo y el uso responsable de la tecnología.
Además, es crucial contar con datos claros sobre la incidencia de delitos relacionados con teléfonos autorizados frente a los clandestinos. La falta de información dificulta la formulación de políticas efectivas. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia ha reportado un incremento en los fraudes en línea, lo que indica que las estrategias de prevención deben ir más allá del ámbito carcelario.
En conclusión, el debate sobre el uso de celulares en cárceles debe centrarse en cómo gestionar su uso de manera que se minimicen los riesgos de actividades delictivas, sin eliminar la posibilidad de que los internos mantengan la comunicación con el exterior. La solución radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad y las oportunidades de reinserción social, asegurando que las personas que cumplen sus condenas puedan regresar a la sociedad con vínculos y recursos que faciliten su adaptación.
Fuente: La Nación
