Fraude al PAMI: la Justicia Federal investiga a directivos de Clínica Centro y advierte que los 28 casos detectados serían “solo la punta del iceberg”
La causa avanza sobre presuntas prestaciones médicas inexistentes
La Justicia Federal formalizó una investigación penal contra directivos de Clínica Centro S.A. por una presunta maniobra de fraude contra PAMI mediante facturación de prácticas médicas que, según la causa, nunca habrían sido realizadas.
Aunque la acusación inicial se sostiene sobre 28 casos testigo, los investigadores sospechan que podrían existir cientos de episodios similares.
Imputaciones y medidas judiciales
La investigación es impulsada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, titular de la sede fiscal descentralizada de San Nicolás de los Arroyos.
La imputación alcanza al presidente de la clínica, al director médico y a otro profesional del establecimiento.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo avaló la formalización de la causa y dispuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país y cauciones reales de 10 millones de pesos para cada uno de los involucrados.
Internaciones y estudios que nunca existieron
Según surge de la investigación y de los allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, la clínica habría facturado internaciones, consultas y estudios médicos de pacientes que nunca habrían concurrido al establecimiento ubicado sobre calle Pueyrredón 840.
Los investigadores detectaron que en el 95% de los casos analizados las prácticas no figuraban en libros de guardia ni en historias clínicas secuestradas durante los procedimientos.
Además, varios afiliados consultados aseguraron no conocer a los profesionales intervinientes ni haber padecido las patologías registradas.
La sospecha de una estructura paralela
La Fiscalía sostiene que el mecanismo se apoyaba en el uso irregular de órdenes médicas electrónicas (OMES), mediante una estructura de facturación paralela que aprovechaba la digitalización del sistema.
El análisis comparativo entre prestaciones reales y supuestas prácticas “fantasma” permitió detectar inconsistencias que ahora son materia de peritajes y cruces documentales.
El perjuicio económico y sanitario
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que el daño sería doble: por un lado, el perjuicio económico millonario al Estado; y por otro, el impacto directo sobre jubilados y afiliados.
Según explicaron, al quedar registradas prácticas inexistentes en los historiales médicos, muchos pacientes podrían haber quedado impedidos de acceder a estudios reales debido a los límites de cobertura anual establecidos por el sistema.
Noventa días más de investigación
La Justicia otorgó una prórroga de 90 días para profundizar la investigación preliminar y determinar el verdadero alcance de la maniobra.
La causa promete avanzar sobre uno de los expedientes más sensibles vinculados al sistema de salud privado y la utilización de fondos públicos en la región.
