La justicia anuló el protocolo antipiquetes del gobierno
La Justicia federal declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, al considerar que la medida fue ilegítima y vulneró derechos constitucionales.
El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, quien sostuvo que la resolución excedió las atribuciones del Poder Ejecutivo y avanzó sobre derechos fundamentales, como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, sin el respaldo de una ley sancionada por el Congreso.
En su resolución, el magistrado remarcó que el protocolo modificaba en los hechos el alcance de normas vigentes y habilitaba intervenciones de las fuerzas de seguridad que no contaban con sustento legal. Además, señaló que las personas que hayan sido afectadas por su aplicación podrán denunciar de manera individual ante la Justicia penal.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebraron la decisión judicial y afirmaron que el protocolo “restringía de forma arbitraria el derecho a manifestarse” y constituía una vía indirecta para reformar leyes sin debate parlamentario.
El protocolo antipiquetes había sido aplicado en diversas movilizaciones y protestas sociales, especialmente en manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei, generando fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.
El fallo tiene un fuerte impacto político y judicial, ya que marca un límite al accionar del Ministerio de Seguridad y reabre el debate sobre el rol del Estado frente a la protesta social y el uso de las fuerzas de seguridad en el espacio público.
