El reciente paro universitario, que se extenderá hasta el 22 de este mes, surge en respuesta al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, la adhesión a esta medida ha sido dispar, ya que el mayor gremio docente, Aduba, no se sumó a las protestas. Los docentes exigen la actualización de partidas presupuestarias para hospitales universitarios, becas estudiantiles y salarios de profesores, en línea con el fallo de la Corte Suprema que desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
A pesar de este avance, el Gobierno mantiene que hay margen para la discusión, calificando las medidas de ilegítimas y politizadas. La ejecución de la cautelar ha sido remitida nuevamente al juzgado de primera instancia, donde su titular, Martín Cormick, ha convocado a una audiencia para mañana. Las protestas comenzaron la semana pasada, convocadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, con un impacto significativo en todas las universidades públicas del país.
El Ministerio de Capital Humano afirma que el Gobierno cumple con sus obligaciones hacia el sistema universitario, señalando que la norma podría afectar el equilibrio fiscal al carecer de una previsión genuina de recursos. En este contexto, el presidente Javier Milei ha expresado que la gratuidad del sistema actual beneficia a los sectores más acomodados, dejando a los más vulnerables como los que financian la educación superior.
La Ley de Educación Superior establece que la Auditoría General de la Nación debe tener control sobre las universidades, aunque no especifica la periodicidad de dicha auditoría. Sin embargo, este organismo, que depende del Congreso, no ha cumplido con su responsabilidad. Según un informe de Chequeado.com, para el año 2025, únicamente tres facultades de la UBA habían sido auditadas y el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no fue rendido.
En 2022, la Procuración del Tesoro dictaminó que los controles de la Sindicatura General de la Nación no podían aplicarse a las universidades, argumentando que esto violaría su autonomía. A pesar de un cambio de criterio posterior, la UBA reafirmó en 2024 que la Sigen no tiene competencias para controlarla. Los auditores internos son nombrados por el rectorado o el consejo superior de cada universidad, lo que crea un sistema que beneficia a la administración vigente, blindando su accionar.
Los críticos del oficialismo acusan a Milei de querer desmantelar el modelo actual de educación pública, obviando la necesidad de mecanismos de control internos serios y confiables. La discusión sobre la conformación de organismos de control independientes podría ser un paso hacia la racionalidad y la transparencia en el uso de recursos en el ámbito universitario.
Fuente: La Nación
