Preocupación por el uso de celulares en cárceles bonaerenses: estiman que hay 60.000 líneas activas
Un creciente debate sobre la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario volvió a instalarse en la provincia de Buenos Aires tras conocerse que existirían alrededor de 60.000 líneas telefónicas activas dentro de unidades penitenciarias bonaerenses.
La situación tiene su origen en una medida adoptada durante la pandemia de COVID-19, cuando la Justicia autorizó el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad para mantener el contacto con familiares ante la suspensión de visitas presenciales.
Sin embargo, seis años después, fiscales y magistrados advierten que muchos de esos dispositivos son utilizados para cometer delitos desde el interior de las cárceles. Entre las maniobras detectadas figuran estafas telefónicas, extorsiones y otras actividades ilícitas que continúan siendo investigadas por la Justicia.
El fiscal Patricio Ferrari explicó que durante distintos procedimientos se secuestran tanto teléfonos autorizados como dispositivos ingresados de manera irregular. Según indicó, una de las modalidades más frecuentes consiste en hacerse pasar por representantes de empresas u organismos para engañar a las víctimas.
Por su parte, Miguel Perrota cuestionó la continuidad de este esquema y sostuvo que son muy pocos los sistemas penitenciarios del mundo que permiten el uso generalizado de teléfonos celulares dentro de los establecimientos carcelarios.
El tema reabre el debate sobre cómo garantizar el derecho a la comunicación de los internos sin comprometer la seguridad pública, en un contexto donde fiscales y especialistas reclaman mayores controles tecnológicos y mecanismos de supervisión más efectivos dentro de las cárceles bonaerenses.
