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Prestadores de discapacidad de Pergamino y la región denuncian demoras de hasta cuatro meses en los pagos

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Prestadores de discapacidad de Pergamino y la región denuncian demoras de hasta cuatro meses en los pagos

Los prestadores de servicios para personas con discapacidad de Pergamino y la región manifestaron su preocupación por los atrasos en los pagos, que actualmente alcanzan demoras de entre 90 y 120 días. Desde el sector advierten que la situación compromete el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de las prestaciones.

“Prácticamente nada se avanzó en este sentido. Las demoras rondan entre 90 y 120 días”, señalaron representantes del sector, en línea con los reclamos que también vienen realizando organizaciones a nivel nacional.

Además de los retrasos, los prestadores plantearon cuestionamientos sobre el sistema de financiamiento de las prestaciones contempladas en la legislación vigente. En particular, señalaron que la Ley 24.901 reconoce una serie de derechos para las personas con discapacidad, pero no establece un mecanismo específico de financiamiento que garantice los recursos necesarios para sostenerlos.

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“Establece que a la persona con discapacidad le corresponde transporte, terapias, centro de día, escuela especial, apoyos, etc. Es el nomenclador de prestaciones. Garantiza el derecho a la prestación integral, pero no crea un fondo propio para pagarlo, no dice de dónde sale la plata”, explicaron.

En esa línea, agregaron que el financiamiento depende de mecanismos que consideran insuficientes y que actualmente atraviesan una situación crítica.

“El financiamiento queda afuera de la ley y se sostiene con un parche que hoy está colapsado”, expresaron.

También hicieron referencia a la Ley 22.431, que establece el marco general de protección integral de las personas con discapacidad, y a la Ley 24.901, que instituye el sistema de prestaciones básicas de atención integral y reconoce el acceso a esos servicios a través del nomenclador.

El reclamo pone el foco en una problemática que afecta tanto a quienes brindan los servicios como a las personas con discapacidad y sus familias, que dependen de estas prestaciones para acceder a tratamientos, apoyos y espacios de acompañamiento.

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