Reclamos de farmacéuticos al PAMI por pagos atrasados y riesgo en la provisión de medicamentos
Farmacias de todo el país reclamaron al PAMI la regularización de pagos atrasados y advirtieron por posibles dificultades en la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados.
El planteo fue formalizado a través de una carta conjunta firmada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).
En el documento, las entidades detallaron que se registran demoras en los anticipos y saldos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, a lo que se suman vencimientos de enero que presentan retrasos cercanos a un mes, profundizando la incertidumbre en el sector.
Los referentes farmacéuticos remarcaron que el cumplimiento en tiempo y forma de los pagos es clave para sostener la reposición permanente de medicamentos. Según explicaron, la falta de esos fondos compromete la capacidad de las farmacias para garantizar la atención diaria a los afiliados del PAMI.
Además, advirtieron que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda genera una creciente preocupación entre los prestadores, ya que pone en riesgo la estructura operativa de numerosos establecimientos, especialmente los de menor escala.
“Todas las semanas tenemos que comprar en las droguerías para reponer los medicamentos y garantizar que los jubilados del PAMI puedan acceder a sus tratamientos sin interrupciones. Cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención”, señaló la presidenta de COFA, Alejandra Gómez.
En la misma línea, las organizaciones recordaron el compromiso sostenido del sector farmacéutico con el sistema previsional, incluso en contextos de desbalances económicos e inflación. Destacaron que ese esfuerzo incluyó acuerdos para reducir costos y asegurar el acceso a tratamientos esenciales para los adultos mayores, en un escenario de restricciones y recortes en el área de la salud pública.
