Reforma laboral: el Gobierno reglamentó un régimen para fomentar el empleo formal
Avanza la implementación tras el aval judicial
El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación de un capítulo clave de la reforma laboral, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo. La medida se instrumentó a través del Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a su gabinete.
La puesta en marcha del régimen se produce luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo levantara la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma, habilitando así su aplicación.
Incentivos fiscales para nuevas contrataciones
El eje de la normativa es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que establece una reducción de las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años para empleadores que incorporen trabajadores no registrados.
El beneficio alcanzará a las relaciones laborales que se inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
A quiénes alcanza el régimen
La iniciativa apunta a cuatro grupos específicos de trabajadores: personas sin empleo formal al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a su contratación, ex monotributistas sin relación de dependencia reciente en el sector privado, y trabajadores cuyo último empleo registrado haya sido en el ámbito público, ya sea nacional, provincial o municipal.
Límites y controles del sistema
La normativa establece que las nuevas incorporaciones bajo este régimen no podrán superar el 80% de la plantilla total de cada empresa. Además, advierte que el incumplimiento de las condiciones implicará la obligación de abonar las contribuciones adeudadas, junto con sanciones e intereses.
El control del sistema estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que supervisará el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Un intento por dinamizar el mercado laboral
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca reducir la presión fiscal sobre el sector privado y promover la creación de empleo registrado, en un contexto donde la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral argentino.
