En un contexto de tensiones y reestructuración en la política de discapacidad, Alejandro Vilches ha presentado su renuncia como secretario nacional del área. Su dimisión se produce en un momento crítico, a menos de tres semanas de haber expuesto ante la Comisión de Discapacidad de Diputados sobre la normalización y las medidas adoptadas durante su gestión.
Vilches asumió el cargo el pasado agosto tras la salida de Diego Spagnuolo, quien se encuentra procesado por irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. En su carta de renuncia dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, solicitó que su salida fuera efectiva de inmediato por «razones estrictamente personales».
La renuncia de Vilches ocurre en un momento en el que el Gobierno se enfrenta a un escándalo tras la inclusión de cambios significativos en el proyecto de ley de presupuesto 2027, que busca derogar aspectos fundamentales de la ley de discapacidad vigente, incluyendo el nomenclador y la actualización de valores de prestaciones. Esta situación ha generado un fuerte malestar entre los miembros del oficialismo y sus aliados.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, expresó su sorpresa y descontento al desconocer las modificaciones realizadas, subrayando la necesidad de mejorar la coordinación interna. Bullrich advirtió que situaciones como esta «resienten las relaciones» entre los bloques que deben apoyar las iniciativas en el Congreso.
Ante este panorama, el oficialismo ha decidido dar marcha atrás sobre los artículos cuestionados y ha comenzado a trabajar en un «proyecto superador» con sus aliados. La próxima reunión de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto está programada para este miércoles, donde se espera emitir un dictamen que permita un consenso antes de que la oposición presente su propio proyecto.
La salida de Vilches no solo refleja las tensiones internas en el Gobierno, sino que también abre un nuevo frente en la política de discapacidad, en medio de una situación judicial que involucra al ministro de Salud y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, quienes están siendo investigados por el presunto incumplimiento de resoluciones relacionadas con el pago a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Fuente: La Nación
