Santa Cruz: procesan a un ex ministro de Trabajo kirchnerista por fraude en cuotas sindicales
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de San Martín procesó a dirigentes del sindicato de Seguridad Privada y a su abogado por presunta estafa procesal y falsificación de documentos en un embargo millonario contra una empresa del sector. La causa también involucra a un ex ministro de Trabajo de Santa Cruz vinculado a la conducción sindical.
La Justicia Federal avanzó sobre autoridades de la Unión de Personal de Seguridad Privada (UPSAP) por los presuntos delitos de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos falsos, en el marco de un expediente que investiga un embargo superior a los 720 millones de pesos contra la firma Securitas Argentina.
Según la investigación judicial, los imputados habrían utilizado un certificado de deuda sindical con información presuntamente falsa para obtener una medida cautelar que afectó la totalidad de las cuentas bancarias de la empresa. La maniobra se habría apoyado en la presunción de legitimidad legal que la normativa otorga a este tipo de certificados, lo que —de acuerdo con la acusación— permitió ejecutar un crédito que no tendría sustento real.
De acuerdo con pericias contables incorporadas al expediente, la compañía no registraba deudas por aportes sindicales correspondientes al período 2018–2022, pese a lo consignado en el certificado presentado para impulsar el embargo. Este punto constituye uno de los ejes centrales de la causa.
Durante el proceso, representantes del sindicato reconocieron inconsistencias en la documentación. Entre ellas, señalaron que el certificado incluía montos vinculados a otras empresas y que parte de los cálculos se basaban en estimaciones y no en datos contables concretos.
Otro elemento considerado por el juzgado fue la diferencia entre el monto inicialmente ejecutado —más de 104 millones de pesos en concepto de capital— y una certificación posterior aportada por los propios imputados que reducía esa cifra a poco más de 5 millones. Para el tribunal, esa disparidad refuerza la hipótesis de que el embargo se habría sustentado en información sin respaldo suficiente.
