Un operativo judicial programado en la estancia Alquinta, relacionada con las causas por lavado de activos y narcotráfico en las que Lázaro Báez es el principal imputado, ha sido suspendido por la Fiscalía Federal. La decisión fue tomada no por motivos procesales, sino por el bienestar de los animales en el establecimiento.
La estancia, que alberga aproximadamente 6000 ovejas en pleno período de parición, vio interrumpidas sus actividades tras la identificación de animales con marcas ilegibles. Aunque se había detectado irregularidades, la Unidad Fiscal a cargo optó por frenar los trabajos durante 30 días para evitar el estrés en los animales, que podría comprometer el proceso de gestación.
El operativo es parte de una serie de allanamientos realizados en diferentes provincias, donde se incluye la colaboración de la División Operaciones Rurales y la Prefectura Naval Argentina. Fuentes oficiales confirmaron que se prioriza el bienestar animal al realizar los arreos, que podrían afectar el parto de las ovejas.
La estancia Alquinta, de 51.000 hectáreas y ubicada a 90 kilómetros de la capital provincial, había sido allanada previamente en 2016, siendo valorada en 6 millones de dólares. Los investigadores planean reanudar las actividades en 30 días para determinar la cantidad y el origen de los animales presentes.
La investigación está relacionada con una organización que, según las autoridades, gestionaba un patrimonio millonario. Se estima que la banda operaba en la estancia como parte de una estructura dedicada al lavado de activos, con un flujo aproximado de 390.880.000 millones de dólares en los últimos meses. Todo esto, bajo la dirección de Báez, quien cumple una condena de 15 años en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La fiscalía ha vinculado a Báez con una organización narcocriminal, destacando que su entorno utilizaba a los cabecillas del narcotráfico para mover fondos y bienes. En las intervenciones telefónicas, Báez se refería a sí mismo como «el dueño de la historia» y daba instrucciones sobre la gestión de distintas propiedades.
El nexo entre las causas es Cristian Ibáñez, considerado un operador clave en la organización. La legalidad de las detenciones, incluida la de Báez, ha sido ratificada por el juez federal correspondiente, quien ha establecido un plazo de dos años para las investigaciones.
Fuente: La Nación












