La provincia realizó en Rosario la quinta subasta de activos decomisados, con 5.411 inscriptos de todo el país para 150 lotes. Autoridades sostuvieron que los fondos vuelven a víctimas e instituciones y forman parte de un plan integral de seguridad.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario la quinta subasta de bienes incautados al delito, con 5.411 inscriptos para pujar por 150 lotes que incluyeron un avión, autos de lujo y motos.
Durante el acto en el Salón Metropolitano, Pullaro definió la iniciativa como “la subasta de bienes más grande de la Argentina” y sostuvo que en la provincia “se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que vuelvan a víctimas e instituciones”
El mandatario remarcó que se trata de “una política pública” sostenida “con mucha determinación” y consideró que es “el único camino” para vivir “en orden y en paz”. También señaló que Rosario pasó de ser observada “con piedad” a ser vista “con respeto” tras la baja de la violencia, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, indicó que lo recaudado contribuye a “debilitar a las organizaciones criminales” y aseguró que “no hay impunidad para nadie”.
Por su parte, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, sostuvo que Santa Fe es “la única provincia” que realiza este tipo de subastas y afirmó que la medida integra un plan que combina prevención, investigación y desapoderamiento de activos.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que la política implica “hacer valer la ley” y “quitar el dinero mal habido”, al tiempo que la definió como una estrategia para “cortar de raíz el circuito del delito”.
En las cuatro subastas previas se recaudaron más de 3.589 millones de pesos, destinados a reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales administra los activos secuestrados en causas penales, que pueden ser asignados a organismos públicos, subastados o destinados a entidades de bien público, según el tipo de bien.
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