La Justicia exige al Gobierno la plena ejecución de la Ley de Discapacidad desde el 4 de febrero
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Estado nacional a garantizar la plena vigencia y operatividad de la Ley de Discapacidad a partir del próximo 4 de febrero. Además, ordenó que en un plazo de cinco días se informe de manera detallada el estado de avance en la implementación de la norma.
La decisión judicial fue adoptada durante la feria y en el marco de una causa colectiva en la que ya se declaró la invalidez del artículo 2 del DNU 681/2025, disposición que había suspendido la aplicación de la ley. Si bien ese fallo fue apelado por el Gobierno, el magistrado remarcó que la medida debe cumplirse de manera inmediata hasta que la Cámara Federal de San Martín se expida sobre el fondo de la cuestión.
Según el juez, el plazo establecido surge de la obligación legal del Poder Ejecutivo de reglamentar la norma dentro de los 30 días previstos, un período que continúa corriendo pese a los cambios administrativos que el Gobierno impulsa en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente en proceso de reestructuración bajo la órbita del Ministerio de Salud.
La resolución refuerza el criterio de que las demoras administrativas no pueden afectar derechos adquiridos ni la aplicación de una ley vigente, especialmente en materia de discapacidad, donde están en juego prestaciones, apoyos y políticas públicas esenciales para miles de personas en todo el país.
